El Ayuntamiento de Boadilla del Monte adquirió el Palacio mediante un Convenio urbanístico de expropiación el 22-12-1998 por un precio de 2.000 millones, pese a que la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación y Cultura lo tasó en 1.399 millones ¿Por qué se compró por 600 millones más? El Ayuntamiento pagó el precio mediante la entrega de: A) 200 millones. B) 8 parcelas urbanizadas con una edificabilidad de 13.440 m2 para construir 112 viviendas en el actual Sector B, a las que las partes les dieron un precio de 806 millones. C) El aprovechamiento urbanístico de 29.427 m2 para construir 226 viviendas, en el Olivar de Mirabal, al que las partes le dieron un precio de 994 millones, resultando un precio del metro cuadrado de 33.778 pesetas. La transmisión de estas parcelas por el Ayuntamiento exigía y exige, de acuerdo con la Ley, su previa valoración técnica y la autorización preceptiva de la CAM, ambos requisitos se omitieron. ¿Por qué se omitió la valoración técnica de las parcelas municipales y la autorización de la CAM? La respuesta es sencilla, porque la tasación de un bien establece su valor de mercado y su transmisión no puede realizarse por un valor inferior. La prueba fehaciente de la infravaloración de las parcelas resulta de la inscripción del aprovechamiento urbanístico de 29.427 m2 en el Registro de la Propiedad número 2 de Pozuelo, cuyo titular es don Enrique Rúspoli Morenés. En la inscripción 2ª de dicho folio consta que el señor Rúspoli aportó, en el mes de junio de 1999, a una sociedad constituida con otro, 6.667 m2 (de los 29.427) por un valor de 3 millones de euros (500 millones de pesetas). De estos datos resulta esta escandalosa desproporción: El Ayuntamiento entrega al expropiado 29.427 m2 por 993 millones en diciembre de 1998, y, en junio de 1999, el expropiado aporta 6.667 m2 por un valor de 500 millones, resultando un valor unitario del m2 de 74.996 pesetas. Si aplicamos este valor a los 42.867 m2 (29.427 +13.440) resultaría un precio de 3.214 millones de pesetas. Por tanto, la infravaloración es de 1.414 millones (3.214 – 1.800) que sumados a los 600 de sobrevaloración del Palacio hacen un total de 2.014 millones. En el momento actual los 29.427 m2 públicos tienen un valor de mercado superior a 4.500 millones de pesetas. Por si lo dicho hasta ahora no fuese suficiente, en la cláusula sexta del Convenio expropiatorio las partes convinieron que la operación estaba exenta de impuestos. En enero de 2003, la Inspección de Hacienda levantó acta al Ayuntamiento por importe de 151 millones por el IVA que debió cobrar al expropiado pero que a día de hoy todavía no le ha cobrado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid por SENTENCIA FIRME de 18-10-2002 declaró la nulidad del Convenio expropiatorio, lo que obliga al Ayuntamiento a devolver el Palacio y al expropiado a devolver lo que recibió. Sin embargo, tras 16 meses desde la sentencia, el Gobierno municipal no sólo no la cumple, sino que pretendía entregar los 29.427 m2 mediante acuerdo que fue aprobado por la Comisión de Urbanismo, que se incluyó en el orden del día del Pleno de 30-1-2004 y que se retiró tras notificar este Concejal Portavoz a cada uno de los Concejales y al Secretario la ilegalidad del acuerdo y la consiguiente acción judicial contra los que lo aprobasen. El Gobierno municipal puede volver a expropiar el Palacio, contando con nuestro apoyo, siempre que se cumpla la Ley, esto es, que se valore por su justo precio y que se pague, tal y como establece de forma imperativa la Ley de Expropiación Forzosa, en dinero. APB velará, cueste lo que cueste, por la defensa del patrimonio municipal por ser de todos los boadillenses.